EL HURTO EN LAS UNIDADES RESIDENCIALES Y/O COMERCIALES , FRENTE A LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA.
Cuando ocurre un hurto simple o calificado dentro de una de las unidades habitacionales o comerciales y se desconoce el autor del hurto, la responsabilidad que pueda imputarse a la empresa de vigilancia debe ser determinada por un juez, quien falla después de adelantarse un proceso judicial y compruebe que hubo negligencia o abandono del lugar del trabajo por parte de alguno de los vigilantes o que uno de ellos participó en el hurto.
Las empresas de vigilancia y seguridad privada están contratadas para enfrentar y/o reducir o disminuir un riesgo, pero no necesariamente para evitarlo.
Por su parte, la copropiedad en primera instancia no responde por bienes los privados. La persona jurídica de la propiedad horizontal sólo administra, cuida, vigila, conserva y responde por los bienes comunes. La copropiedad responde sólo cuando el juez civil lo determine.
Si se demuestra que se contrató a una empresa de vigilancia que era ilegal o que no cumplía requisitos, podría estar comprometido el administrador.
En la conciliación, el administrador se puede negar a las pretensiones del presunto afectado, aunque siempre debe acudir a la asamblea general o consejo de admnistración, segun lo dicten los estatutos, para que sean ellos los que decidan sobre dichas pretensiones.
El estatuto de vigilancia y seguridad privada, decreto 356 de 1994 establece lo siguiente:
ARTÍCULO 89. RESPONSABILIDAD. Los servicios de vigilancia y seguridad privada podrán además de la póliza de responsabilidad civil extra contractual de que trata este Decreto, pactar con el usuario la contratación de un seguro que cubra los riesgos que afecten los bienes objeto de la vigilancia.
ARTÍCULO 90. CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Los servicios de vigilancia y seguridad privada, no podrán prestar servicios a los usuarios que no provean los recursos locativos o sanitarios mínimos para que el personal de vigilancia fija o móvil pueda desarrollar su labor en condiciones que no atenten contra su propia seguridad y dignidad.
Así mismo, deberán preverse las situaciones de riesgo en las cuales a este personal le quede restringida la posibilidad de movimiento.
ARTÍCULO 91. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. Las personas naturales, jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada, con empresas que no tengan licencia de funcionamiento, o que la misma se halla vencida, serán sancionadas con multa que oscilará entre 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales la cual se impondrá por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y deberá ser consignada en la Dirección General del Tesoro a su favor.
La empresa de vigilancia solo responderá en los siguientes casos:
- Si dentro del contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada está estipulado que la empresa responderá por estos daños.
- Cuando un juez lo determine dentro de un proceso judicial.
- Cuando se determine fehacientemente que el daño fue ocasionado por el vigilante de servicio.
- Cuando dentro de sus funciones este claramente establecido que responderá por daños ocasionados por terceros.
EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL COLOMBIANO, Ley 906 de 2004, decreta:
Artículo 25.- (Deber de denunciar). Todo habitante del territorio colombiano mayor de dieciocho años, debe denunciar a la autoridad los hechos punibles de cuya comisión tenga conocimiento y que deban Investigarse de oficio.
Artículo 27.- (Requisitos de la denuncia). La denuncia se hará bajo juramento, verbalmente o por escrito, dejando constancia del día y hora de su presentación, y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Si la denuncia fuere escrita, el juramento se entenderá prestado por la sola presentación de la misma.
En todo caso, el denunciante podrá ampliar la denuncia.
Artículo 31.- (Extensión de la querella). La querella se extiende de derecho contra todos los que hubieren participado en el hecho punible.
Artículo 32.- (Caducidad de la querella). La querella debe presentarse dentro del término de un año, contado desde el momento de la comisión del hecho punible.
Artículo 33.- (Delitos que requieren querella de parte). Para iniciar la acción penal será necesario querella o petición de parte en los siguientes delitos: hurto entre condueños (art. 353 C.P.).
El proceso penal en Colombia (Ley 906 de 2004) presenta las siguientes etapas:
- Denuncia Por parte del afectado
- Etapa de investigación: indagación e investigación, imputación acusación o preclusión( por parte de la Fiscalía General de la Nación)
- Etapa de juzgamiento: formulación de acusación, etapa de juicio, proferimiento de sentencia, Ejecución de la pena y medida de aseguramiento (jueces de la república.)
Son funciones de la fiscalía: Investigar los delitos y acusar ante los jueces y tribunales a los presuntos infractores de la ley penal ya sea por oficio o por denuncia En el sistema introducido mediante el Acto Legislativo 3 de 2002 y desarrollado por la Ley 906 de 2004 en Colombia, el proceso penal se integra de las etapas de investigación y juzgamiento, estando a su turno dividida la primera en indagación preliminar e investigación ‘propiamente dicha’. En sus orígenes, la Ley 906 no consagró un plazo para que la Fiscalía adelantara la indagación preliminar, vacío este que la jurisprudencia constitucional saldó afirmando que su límite en el tiempo era el de la prescripción de la acción penal.
Sin embargo, mediante el artículo 49 de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011), el legislador introdujo un cambio en este punto al definir que la Fiscalía tendría un término máximo de dos años, contados a partir de la recepción de la noticia criminal, para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación y, excepcionalmente, cuando se tratara de investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, tendría un máximo de tres años.
EL PRINCIPIO DE INOCENCIA O PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El principio de inocencia o presunción de inocencia es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.
La presunción de inocencia es una garantía consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales sobre derechos humanos como, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Convención Europea de Derechos Humanos.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa.
Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Garantías judiciales [...] Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad [...]
Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos
El derecho a la presunción de inocencia debe estar presente en todas las fases del proceso penal y en todas las instancias del mismo. A diferencia del proceso penal en el sistema inquisitivo en el cual bastaba que existiera una denuncia penal en contra de una persona y la referencia de su comisión por dos testigos para que pudiera ponerse en cuestión la reputación del denunciado. Incluso se generaba un mandato de detención.
En nuestra Constitución Política consagra en el artículo 29:
(...) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. (...) .
Hernan Arango V.
@HernanArangoV
THE ROBBERY IN THE RESIDENTIAL UNITS AND /OR COMMERCIALS, IN FRONT OF THE RESPONSABILITIES OF THE SURVEILLANCE COMPANIES
When happened a simple or qualified robbery inside of one of the housing units or commercial establishments and you unknow the author’s robbery, the responsibility which may impute to the surveillance company must be determining by a judge, who fails after the advance of a judicial process and proves that it had negligence or abandonment of the place, by part of any watchmen or that any of them participated in the robbery.
The surveillance company and private security are contracted to confront and/or reduce a risk, but not necessary to avoid it.
By its part, the co-property in first instance do not respond for private goods. The attorney person of the horizontal property only manages, cares, watches, preserves, and responds for the common goods. The co-property responds only when the civil judge determinates it.
If it may prove that they would hire a surveillance company which was illegal, or which did not comply with requirements, it might be engaging the administrator.
In the conciliation, the administrator may deny to the pretentions of the suspected affected, even though he always must advocate to the general assemble or managing advice, according it dictates the statements, they may make decisions about such pretentions.
The surveillance statement and private security, decree 356 of 1994 stablish the following:
ARTICLE 89. RESPONSIBILITY. The services of surveillance and private security shall, even the policy of civil responsibility extra-contractual about trait this decree, pact with the user the hiring of one insurance policy which cover the risks that might affect the goods object of surveillance.
ARTICLE 90. CONDITIONS TO PERFORM THE SERVICE. The surveillance services and private security may not perform services to the users who may not provide the locative resources or sanitary minimum for what surveillance staff fixed or mobile may develop their labor in conditions which not attempted against their own security and dignity.
Likewise, the risk situations should be prevented to the staff, in which these would restrict them the possibility of movement.
ARTICULO 91. SERVICES HIRING: The nature people, attorneys or official entities which hiring surveillance service and private security, with companies which don’t have license of working, or such license is expired, these will be sanctioned with penalty fee which will oscillate, between 20 and 40 monthly minimum wages legacy which will impose by the surveillance superintendence and private security and must be consign in the general manager of treasure to its favor.
The surveillance company only respond in the following cases:
If among the contract of performing services of surveillance and private security is stipulated what the company must respond for such damages.
When the judge determinates it in a judicial process.
When it absolutely determinates that such damage was causing by the watchmen in charge.
When among his functions is clearly stablished that he will respond for damages caused by third parts.
THE PROCEDING PENALTY COLOMBIAN CODE, Law 906 of 2004, decrees:
Article 25. – (must of reporting). All inhabitant of the Colombian territory older than 18 years must report with the authorities the punishable facts of such commission it has knowledge and must investigate by office.
Article 27. – (report requirements). The report will do under oath, spoken or written, left constancy about the day and the hour of its performing, if it would record, that the same facts have been put in the knowledge of other functionaries. If the renounce was written, the oath will be understanding given by the only presentation of itself.
In all case the complainant shall wide the report.
Article 31.- (complaint extension). The complaint is extending by right against all might have participated in the punishable fact.
Article 32.- (complaint expiration). The complaint must present among the end of a year, it counted since the moment of the punishable fact has rearranged.
Article 33.- (crimes which requires complaint). To start the penalty action will be necessary claim or complain by part in the following crime: robbery between co- owners (Art. 353 P.C.).
The penalty process in Colombia (law 906 of 2004) present the following stages:
Report by part of the affected.
Investigation stage: inquiry and investigation, imposing, accusation or preclusion (by part of the National General Prosecution)
Judging stage: accusation arraignment, trial stage, judgment proceeding, penalty execution and arraignment. (republic judges).
Are functions of the prosecutor: to investigate the crimes and accuse before judges and courts to the suspected infringers of the penalty law, whether by office or by denounce, in the system introduced mean legislative act 3 of 2002 and developed by law of 906 of 2004 in Colombia, the penalty process is integrated for the investigation stages and judgment, this are in turn divided, the first in preparatory inquiry and investigation “property spoken”.
In its origins, the law 906 did not devote a term for what prosecution may advance the preparatory inquiry, empty is what constitutional jurisprudence set up claimed that its limit in the time was of the prescription of the penalty action.
However, mean the article 49 about citizen security (law 1435 of 2011), the legislator introduced a change in that point when he defined what prosecution would have a term maximum for two years, this counted since the criminal notice reception, to make allocation or order motivity the archive of the inquiry and, exceptionally, when it would deal about investigations for crimes of competence of the penalty judges of specialized circuit, it may have a maximum of three years.
THE INNOCENCE PRINCIPLE OR INNOCENT PRESUMPTION.
The innocent principle or innocent presumption is a penalty juridical principle which stablishes the innocence of the person as a rule. Only throughout a process or judging in which might show the guilt of the person, the State may apply a penalty or sanction.
The innocence presumption is a warranty devoted in the Universal Declaration of Human Rights and international deals about human rights such as, for example, the American Convection about Human Rights or the European Convection of Human Rights.
Each person accused for crime has right to the innocence presumption while they do not prove his guilt, according to the law and in a public judging in which would have insured all warranties necessaries to his defense.
Article 11 about The Universal Declaration of Human Rights.
Judicial warranties {…} Each person accused of crime has right to presume his innocence while they do not stablish legacy his guilt {…}
Article 8 from the American Convection of Human Rights.
The innocence presumption right must be present in whole stages of the penalty process and in whole instances of itself. Unlike to the penalty process in the inquisitorial system in which was enough that in this would exist a penalty denounce against a person and reference of its commission by two witnesses, it might put in question the reputation of the accused. Even it would generate a detention mandatory.
In our Politic Constitution devoted in the article 29: (…) Each person presumes innocent while they have not declared judicially guilty (…)